Carta abierta al Señor Presidente de la República de Colombia

Dr. Iván Duque Márquez

Nos dirigimos a usted en nombre de la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, Sociedad de Gestión Colectiva, - REDES SGC, que agremia a 224 escritores del audiovisual, y de ACTORES Sociedad Colombiana de Gestión – ACTORES S.C.G., que agremia a 2.170 actores.

Con motivo de la expedición del Decreto 516 de 2020, nos vemos en la necesidad de poner en conocimiento del Gobierno Nacional, algunos de los desafortunados efectos que tendría la aplicación del Decreto en el sector artístico que representamos:

ACTORES S.C.G. y REDES SGC, se encargan de recaudar el derecho de remuneración por comunicación pública reconocidos por la Ley Fanny Mikey y la Ley Pepe Sánchez, respectivamente. Las disposiciones del Decreto en mención, podrían tener por lo menos, dos efectos negativos frente a nuestros asociados nacionales:

- Frente a los usuarios (canales) con los que tenemos suscritos contratos: Si en el prime time se reduce la transmisión de contenido nacional, los autores e intérpretes audiovisuales verán disminuidos sus ingresos por los derechos que gestionamos.

- Frente a los usuarios (canales) con los que aún no se han suscrito acuerdos de pago: Afectará el recaudo en favor de los autores e intérpretes audiovisuales nacionales que representamos. Una menor divulgación de sus creaciones, conllevará a un menor pago por parte de quienes utilizan sus productos.

Vemos con preocupación que las medidas adoptadas en el Decreto 516 de 2020 no han sido analizadas y socializadas con todos los participantes de la industria, y que, en esta ocasión, ha conducido a establecer posibles beneficios para sectores determinados, en detrimento de otros intervinientes del sector audiovisual como: productores, directores, escritores, guionistas y actores.

Ante este trato diferenciado, nos vemos en la necesidad de manifestarle que si bien, a la fecha, los grandes operadores privados de televisión abierta han sido responsables con el pago de los derechos de los autores audiovisuales y de los actores (Caracol y RCN), no podemos afirmar lo mismo de los canales regionales. En el caso de ACTORES S.C.G., Telecaribe, Canal TRO, Canal TRECE, a pesar de haber sido conminados a través de múltiples comunicaciones por más de 10 años, no han realizado pago alguno a sus representados. Mientras que para el caso de REDES SGC, ningún canal regional ha cumplido la obligación legal de pago.

En medio del estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno Nacional, se han implementado medidas tales como la disminución de la cuota de pantalla para operadores regionales dispuesta en el Decreto 516 de 2020, y la exención del pago de contraprestaciones al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hasta el 30 de mayo de 2020, contemplada en el Artículo 5 del Decreto 464 de 2020, medidas que, además de ser injustificadas, han establecido un incentivo en favor de canales regionales y grandes operadores de televisión por suscripción, colectivo este último que, coincidencialmente, tampoco ha cumplido la ley, evadiendo el pago de los derechos de los autores y artistas que representamos (conla única excepción de ETB, para el caso de ACTORES S.C.G y ninguna excepción para el caso de REDES SGC).

Por lo anterior, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que, en medio de la emergencia, se adopten medidas que abarquen los intereses de todos los involucrados en la industria. Es imprescindible buscar medidas que garanticen el derecho a la igualdad de los autores e intérpretes que son quienes dan vida a las obras audiovisuales. En este momento, como nunca antes, el valor social de estas obras que mitigan la incertidumbre y la angustia que vive el mundo, debe recibir un tratamiento económico justo, que asegure la existencia y el quehacer de todos los involucrados en el proceso creativo.

Adicionalmente, instamos al Gobierno Nacional a dar instrucciones precisas al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que, en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia sobre los operadores que no pagan nuestro derecho, imponga las medidas y/o sanciones necesarias que garanticen a nuestros autores e intérpretes audiovisuales recibir el pago de los derechos de propiedad intelectual que la ley les reconoció.

En circunstancias como esta, esa remuneración cobra una relevancia vital, al darles soporte no solo en lo individual sino en lo colectivo, porque gracias a los fondos de bienestar social que implican esos derechos, se están mitigando muchas de las necesidades cotidianas que tienen estos creadores de nuestro país.

Atentamente,

Alexandra Cardona ​-Presidente REDES SGC y Santiago Cabrera Santos​ - Director Ejecutivo ACTORES S.C.G.

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